Publicado en Capital Madrid Com el 19 de julio 2011
GEOESTRATEGIA
De las revoluciones árabes a la batalla en la Asamblea General de la ONU en septiembre
Antonio Sánchez-Gijón.– Desde ahora hasta finales de septiembre, los focos de la comunidad internacional sobre un mundo árabe en erupción no se concentrarán tanto en las revoluciones de la llamada "primavera árabe" como en el intento de la Autoridad Nacional Palestina de conseguir el reconocimiento por las Naciones Unidas de su existencia como estado independiente. La "primavera" ha consumido la mayor parte del combustible revolucionario, mientras que la cuestión de la estatalidad palestina posee potencial para cambios significativos del escenario general de Oriente Medio. El presidente Abbás y su Autoridad Palestina han elegido bien el momento de su iniciativa: las revoluciones han sido la ocasión para que las poblaciones árabes renueven su apoyo a la causa palestina; un apoyo sofocado habitualmente por los regímenes árabes dictatoriales, al considerarla una amenaza y una contestación a los acomodos diplomáticos a que se veían obligados, dada su debilidad económica y militar, con las mismas potencias que garantizan la seguridad de Israel.
La prueba más notable de este cambio contrario a los intereses israelíes es la apertura de la aduana de Rafah por Egipto, que elimina las restricciones principales al comercio y tránsito de personas con Gaza, y que ha roto el bloqueo israelí. Otra muestra ha sido la utilización por Bashir al-Asad de Siria de masas juveniles para romper las barreras entre Siria y el territorio ocupado por Israel, como treta oportunista para desviar la tensión interna al exterior. La reciente iniciativa de unificación entre las fuerzas de Hamas y la OLP es una respuesta a la presión de los regímenes monárquicos árabes para mantener viva una causa exterior, que alivie la presión social y política interior, exigiendo a Hamas que acepte el principio de dos estados (Israel y Palestina) sobre el territorio de la Palestina histórica. En general, la unidad interna palestina ayuda a mantener el status quo político-social de los países árabes, ya que así éstos se ahorran tener que tomar posturas divisivas en la vidriosa cuestión de sus hermanos palestinos.
Si el escenario "doméstico" se ha vuelto más desfavorable para Israel, el escenario mundial después de septiembre amenaza con no ser más grato. Esto lo ve venir el último jefe del Mossad, Meir Dagan (2002-2010), según nos cuenta el servicio de inteligencia Stratfor. En efecto, Dagan ha calificado el rechazo de Israel a la propuesta Saudí de 2002, de un acuerdo de paz sobre las líneas de separación previas a la guerra de 1967, "imprudente e irresponsable". Mientras los primeros ministros israelíes Sharon y Olmert dieron todas las pruebas de caminar hacia la aceptación de dos estados, aproximadamente con aquellas fronteras, el actual primer ministro, Netanyahu, jefe de un gobierno sostenido por la ultraderecha y los religiosos más ortodoxos, lo ha rechazado por los supuestos riesgos de seguridad derivados de esas fronteras.
El modelo de "The Hebrew Republic"
Los años de Sharon y Olmert habían sido de pacificación casi general de los territorios ocupados; durante ellos fue posible la formación de gobiernos estables palestinos así como un importante desarrollo económico-social, que hizo concebir a muchos israelíes la esperanza de que la solución de los dos estados conduciría a la formación de una unión económica israelo-palestina, destinada, por la inventiva y productividad de sus poblaciones, a tener un impacto decisivo en el anquilosado mundo de Oriente Medio. En otra ocasión presentaré las líneas esenciales de este proyecto, animado infatigablemente por Bernard Avishai (Bernard Avishai Dot Com), un empresario e intelectual israelo-norteamericano, autor de "The Hebrew Republic", y uno de los polos más activos de movilización de la opinión israelí contra los errores y abusos del gobierno de Netanyahu, especialmente contra su política de asentamientos ilegales, que están llevando, según él, a Israel al extremismo religioso y étnico, y a la debilitación creciente de los principios del estado de derecho, como muestra, en su opinión, la reciente aprobación de una ley que declara ilegal proponer boicots a los productos de los asentamientos ilegales que se mercadean en Israel, como proponen algunos grupos contestatarios. Esta ley, en su opinión, constituye un freno a la libertad de expresión política.
El modelo de agitación diplomática
Veamos ahora la panorámica palestina. La iniciativa de las Naciones Unidas no tiene, en realidad, ninguna posibilidad de conseguir los dos estados, aunque dará a los palestinos una importante vara alta que blandir sobre Israel. En efecto, Palestina no puede ingresar, por lo menos en septiembre, como estado independiente en las Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad no podrá siquiera proponer a la Asamblea General su ingreso, dado que por lo menos los Estados Unidos ejercerán su veto al documento que el Consejo debe trasladar a la Asamblea General con la propuesta. Teóricamente, Palestina podría obtener el status de estado independiente si un grupo significativo de estados lo reconocieran como tal (no se es estado porque la ONU lo diga, sino porque otros estados te reconocen; recuérdese la posición de España y Corea del Norte fuera de la ONU en los 40 y parte de los 50 del pasado siglo), pero es impensable que algún estado americano (quizás Cuba, Nicaragua y Venezuela serían las excepciones) o europeo lo reconocieran, o Rusia y China. No debemos pensar, sin embargo, que una cosa tan obvia se le ha pasado por alto a la Autoridad Palestina. Nadie con sentido común quiere venir al mundo apadrinado por Castro, Ortega y Chávez).
Así que lo más probable es que el gobierno palestino pida a la Asamblea General la declaración formal de que Palestina posee muchos, si no todos, los requisitos para ser admitido como estado independiente, pero no necesariamente su entrada inmediata. En expresión del presidente Abbas, en su artículo en el New York Times del 17 de mayo, Palestina posee muchos de los atributos para ser reconocida como estado: una población permanente, un territorio demarcado por las fronteras de 1967, derecho a la autodeterminación reconocido internacionalmente, y el reconocimiento efectivo como agente internacional por el banco Mundial, el FMI, y la Corte Internacional de Justicia (2004).
Es razonable, pues, prever que la Autoridad Palestina busque (conseguirlo es otra cosa) que la Asamblea General recomiende al Consejo de Seguridad que le presente, para su aprobación por dos tercios de la Asamblea, la propuesta de admisión de un nuevo estado llamado Palestina. Este itinerario, jurídicamente no resolutivo, es suficientemente embarazoso para quien tenga que ejercer su veto en el Consejo de Seguridad. Y, desde luego, también para Israel, que puede esperar una aceleración de la presión internacional para que abandone por negociación los territorios ocupados, y sufrir un reguero de denuncias contra los abusos reales y figurados causados por la ocupación.
Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales
viernes, 22 de julio de 2011
domingo, 17 de julio de 2011
Publicado en Capital Madrid.com el viernes 15 de julio de 2011
GEOESTRATEGIA
Caso Faisán, los peligros de la Fiat Iustitia, pereat mundus
Antonio Sánchez-Gijón.– En los siglos en que se practicaba la guerra de sitio, cuando una plaza fuerte, castillo o fortaleza se encontraba al limite de su resistencia, o cuando dos ejércitos exhaustos encontraban más racional negociar una tregua que continuar los combates, los jefes enemigos capitulaban. Capitular se entiende vulgarmente por entregarse una plaza o rendirse un ejército al jefe militar enemigo, pero ésta es una acepción restrictiva. Capitular significa legalmente establecer las condiciones para un arreglo transitorio entre contendientes, sobre el campo de batalla, el cual arreglo queda ad referendum del poder soberano, cualquiera que sea éste: rey, príncipe, gobierno, etc., con vistas a un arreglo o tratado de paz.
¿Pueden verse las negociaciones del gobierno español con la banda terrorista ETA como una capitulación (insisto, no necesariamente en el sentido de rendición de uno u otro)? Sí. Aquí se trataba de que ETA "entregase las armas" (así se nos aseguraba por parte del gobierno del Sr. Zapatero), como quien entrega una plaza sitiada, a cambio de un arreglo político que pudiera ser refrendado por el soberano, esto es, por el parlamento español.
El problema de este tipo de instrumento legal es que tiene una relación muy remota con la justicia. Las capitulaciones son soluciones transitorias, prácticas, dependientes del aquí y ahora, es decir, de la oportunidad. Pertenecen a un orden estrictamente político, no moral. La Justicia (así, con mayúscula), mira las capitulaciones de reojo, con suspicacia, porque una capitulación no sanciona el crimen contra las vidas ni la destrucción de bienes de todo tipo.
En unos siglos en que el rey o príncipe era también el juez supremo, esto no presentaba mayor problema: el soberano podía elegir entre ser el árbitro de los intereses en conflicto, asignando a sus súbditos pérdidas y ganancias según su propia conveniencia política, o bien ser el magistrado de una justicia imparcial y desinteresada. En los estados con separación de poderes, como los de naturaleza liberal-democrática, esta dualidad desaparece: la Justicia, en su acepción institucional, tiene el derecho y el deber de juzgar sobre castigos y sanciones, de acuerdo con criterios puntillosamente establecidos por los códigos, y ha de ser indiferente a los intereses del titular del poder político.
Es lo que ha ocurrido en España con el "caso Faisán", traído al foro de la justicia por la decisión del juez Ruz, de abrir proceso por colaboración con banda armada, etc., etc., contra dos altos jefes y un oficial de la policía. Si trasponemos estos protagonistas del Faisán a figuras propias de la guerra de sitio, diría que los dos jefes policiales superiores encarnan la del mariscal de campo del ejército sitiador, o si se prefiere la del gobernador de una plaza sitiada, y el oficial que entregó el dichoso teléfono al dueño del bar Faisán, para avisarle del peligro de ser detenidos que corrían unos agentes de ETA, lo identificaré con el "heraldo", el personaje que llevaba los mensajes cruzados entre sitiados y sitiadores, con vistas a abrir negociaciones de capitulación, o a informar a la otra parte de las incidencias de su cumplimiento. Una de sus funciones podía ser la de dar seguridades de que la capitulación seguía en pie, en contra a veces de las apariencias de haber sido violada.
Capitular no es, claro está, lo mismo que negociar la paz o el armisticio. Una capitulación sólo pretende establecer las condiciones o principios sobre los que se abrirán las negociaciones políticas. Las capitulaciones requieren un mínimo de buena fe por parte y parte, por lo menos en cuanto a la voluntad de las dos de llevarlas adelante. Las dos se reconocen mutuamente el derecho de hacer o no hacer determinadas cosas: por ejemplo, rearmarse o no rearmarse mientras se negocia, recibir refuerzos o excluirlos, establecer plazos para la entrega de la plaza o la evacuación de los ejércitos, etc.
Hace falta, pues, saber qué requisitos se establecían en la capitulación entre ETA y los jefes policiales para llegar a la negociación de desarme, o a la paz, o a lo que fuese su propósito. Sin duda prohibirían "tous les exploits de guerre d'une part et de l'autre", como dice la tregua y abstención de guerra entre Carlos I de España y Francisco I de Francia para el sitio de Teroüane, en 1537. Por otra parte, es perfectamente concebible que los dos altos mandos policiales que nos ocupan percibiesen el peligro de que su "buena fe" quedase comprometida si una sección de la policía, no impuesta de la negociación con ETA sobre ese particular punto, llevase a cabo un "exploit de guerre" contra la organización terrorista, como la detención de su aparato de exacción financiera en un momento, considerado no oportuno, del proceso negociador.
En el pasado histórico, la violación de cualquiera de las condiciones de capitulación autorizaba a dar por nulli et non facti la validez de lo capitulado (Brescia 1515). Así que, desde este punto de vista, habría que relativizar el significado del gesto de dar aviso del operativo policial, pues es posible que se estimara estar protegiendo un bien superior: el mantenimiento de ese mínimo de buena fe y la confirmación de la voluntad de seguir negociando.
Naturalmente, estas observaciones sobre los aspectos formales del caso Faisán no dicen nada sobre la imprudencia política de negociar con ETA, como acabó por demostrar el atentado de la T4, y sobre el acierto o desacierto de ofrecer a través de Bildu una vía de expresión política legal a la ideología de ETA, con la esperanza de que constituya una alternativa a la vía del terror. En esto, el gobierno se la juega, pero es a él a quien corresponde juzgar la oportunidad de su acto político.
Justicia y política: anverso y reverso
Judicializar decisiones políticas equivale casi siempre a restringir el ámbito de competencias de los ejecutivos. Nada pone más en evidencia esto que la doctrina en que se inspira la Corte Penal Internacional, instituida en La Haya en 2002. La amenaza de actuar penalmente contra los líderes de conflictos armados a los que se acusa de crímenes contra sus propios pueblos priva a los gobiernos interesados en la restauración de la paz del recurso a la capitulación, es decir, la capacidad de ofrecer alguna forma de inmunidad a cambio de su pronta terminación.
Puesto contra las cuerdas, el presunto criminal hará lo posible por prolongar el conflicto, elevando la probabilidad de que la población sufra aún mayores perdidas humanas y materiales. Hay casos en que fiat iustitia, supone pereat mundus. Un ejemplo es el de la declaración del coronel Gadafi como reo del Tribunal Penal Internacional, lo cual constituye un incentivo para la resistencia a ultranza que está ofreciendo a la coalición internacional y a los rebeldes. Siguiendo ese precedente habría que judicializar los tratos de capitulación con la mitad o más de los líderes nacionales de la Tierra.
Este ardiente celo judicial lo muestran algunos, incluso cuando ya el conflicto ha encontrado una salida y solución política. El caso más egregio es el del juez Baltasar Garzón, que dictó una orden de detención internacional contra el general Augusto Pinochet, ex-presidente de Chile, cuando éste se había retirado del mando y la transmisión de poderes se había producido por medios democráticos impecables.
Este juez, curiosamente, ha sido protagonista, en dos fases o alternativas, del enfrentamiento del estado con ETA: primero en su denuncia y persecución de los crímenes de los GAL, durante el gobierno del Sr. González, y recientemente guardando en un cajón durante dos años de celo reprimido el expediente Faisán, activado por el juez Ruz. La judicialización de la política suele ir acompañada de su reverso: la politización de la justicia.
Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales
GEOESTRATEGIA
Caso Faisán, los peligros de la Fiat Iustitia, pereat mundus
Antonio Sánchez-Gijón.– En los siglos en que se practicaba la guerra de sitio, cuando una plaza fuerte, castillo o fortaleza se encontraba al limite de su resistencia, o cuando dos ejércitos exhaustos encontraban más racional negociar una tregua que continuar los combates, los jefes enemigos capitulaban. Capitular se entiende vulgarmente por entregarse una plaza o rendirse un ejército al jefe militar enemigo, pero ésta es una acepción restrictiva. Capitular significa legalmente establecer las condiciones para un arreglo transitorio entre contendientes, sobre el campo de batalla, el cual arreglo queda ad referendum del poder soberano, cualquiera que sea éste: rey, príncipe, gobierno, etc., con vistas a un arreglo o tratado de paz.
¿Pueden verse las negociaciones del gobierno español con la banda terrorista ETA como una capitulación (insisto, no necesariamente en el sentido de rendición de uno u otro)? Sí. Aquí se trataba de que ETA "entregase las armas" (así se nos aseguraba por parte del gobierno del Sr. Zapatero), como quien entrega una plaza sitiada, a cambio de un arreglo político que pudiera ser refrendado por el soberano, esto es, por el parlamento español.
El problema de este tipo de instrumento legal es que tiene una relación muy remota con la justicia. Las capitulaciones son soluciones transitorias, prácticas, dependientes del aquí y ahora, es decir, de la oportunidad. Pertenecen a un orden estrictamente político, no moral. La Justicia (así, con mayúscula), mira las capitulaciones de reojo, con suspicacia, porque una capitulación no sanciona el crimen contra las vidas ni la destrucción de bienes de todo tipo.
En unos siglos en que el rey o príncipe era también el juez supremo, esto no presentaba mayor problema: el soberano podía elegir entre ser el árbitro de los intereses en conflicto, asignando a sus súbditos pérdidas y ganancias según su propia conveniencia política, o bien ser el magistrado de una justicia imparcial y desinteresada. En los estados con separación de poderes, como los de naturaleza liberal-democrática, esta dualidad desaparece: la Justicia, en su acepción institucional, tiene el derecho y el deber de juzgar sobre castigos y sanciones, de acuerdo con criterios puntillosamente establecidos por los códigos, y ha de ser indiferente a los intereses del titular del poder político.
Es lo que ha ocurrido en España con el "caso Faisán", traído al foro de la justicia por la decisión del juez Ruz, de abrir proceso por colaboración con banda armada, etc., etc., contra dos altos jefes y un oficial de la policía. Si trasponemos estos protagonistas del Faisán a figuras propias de la guerra de sitio, diría que los dos jefes policiales superiores encarnan la del mariscal de campo del ejército sitiador, o si se prefiere la del gobernador de una plaza sitiada, y el oficial que entregó el dichoso teléfono al dueño del bar Faisán, para avisarle del peligro de ser detenidos que corrían unos agentes de ETA, lo identificaré con el "heraldo", el personaje que llevaba los mensajes cruzados entre sitiados y sitiadores, con vistas a abrir negociaciones de capitulación, o a informar a la otra parte de las incidencias de su cumplimiento. Una de sus funciones podía ser la de dar seguridades de que la capitulación seguía en pie, en contra a veces de las apariencias de haber sido violada.
Capitular no es, claro está, lo mismo que negociar la paz o el armisticio. Una capitulación sólo pretende establecer las condiciones o principios sobre los que se abrirán las negociaciones políticas. Las capitulaciones requieren un mínimo de buena fe por parte y parte, por lo menos en cuanto a la voluntad de las dos de llevarlas adelante. Las dos se reconocen mutuamente el derecho de hacer o no hacer determinadas cosas: por ejemplo, rearmarse o no rearmarse mientras se negocia, recibir refuerzos o excluirlos, establecer plazos para la entrega de la plaza o la evacuación de los ejércitos, etc.
Hace falta, pues, saber qué requisitos se establecían en la capitulación entre ETA y los jefes policiales para llegar a la negociación de desarme, o a la paz, o a lo que fuese su propósito. Sin duda prohibirían "tous les exploits de guerre d'une part et de l'autre", como dice la tregua y abstención de guerra entre Carlos I de España y Francisco I de Francia para el sitio de Teroüane, en 1537. Por otra parte, es perfectamente concebible que los dos altos mandos policiales que nos ocupan percibiesen el peligro de que su "buena fe" quedase comprometida si una sección de la policía, no impuesta de la negociación con ETA sobre ese particular punto, llevase a cabo un "exploit de guerre" contra la organización terrorista, como la detención de su aparato de exacción financiera en un momento, considerado no oportuno, del proceso negociador.
En el pasado histórico, la violación de cualquiera de las condiciones de capitulación autorizaba a dar por nulli et non facti la validez de lo capitulado (Brescia 1515). Así que, desde este punto de vista, habría que relativizar el significado del gesto de dar aviso del operativo policial, pues es posible que se estimara estar protegiendo un bien superior: el mantenimiento de ese mínimo de buena fe y la confirmación de la voluntad de seguir negociando.
Naturalmente, estas observaciones sobre los aspectos formales del caso Faisán no dicen nada sobre la imprudencia política de negociar con ETA, como acabó por demostrar el atentado de la T4, y sobre el acierto o desacierto de ofrecer a través de Bildu una vía de expresión política legal a la ideología de ETA, con la esperanza de que constituya una alternativa a la vía del terror. En esto, el gobierno se la juega, pero es a él a quien corresponde juzgar la oportunidad de su acto político.
Justicia y política: anverso y reverso
Judicializar decisiones políticas equivale casi siempre a restringir el ámbito de competencias de los ejecutivos. Nada pone más en evidencia esto que la doctrina en que se inspira la Corte Penal Internacional, instituida en La Haya en 2002. La amenaza de actuar penalmente contra los líderes de conflictos armados a los que se acusa de crímenes contra sus propios pueblos priva a los gobiernos interesados en la restauración de la paz del recurso a la capitulación, es decir, la capacidad de ofrecer alguna forma de inmunidad a cambio de su pronta terminación.
Puesto contra las cuerdas, el presunto criminal hará lo posible por prolongar el conflicto, elevando la probabilidad de que la población sufra aún mayores perdidas humanas y materiales. Hay casos en que fiat iustitia, supone pereat mundus. Un ejemplo es el de la declaración del coronel Gadafi como reo del Tribunal Penal Internacional, lo cual constituye un incentivo para la resistencia a ultranza que está ofreciendo a la coalición internacional y a los rebeldes. Siguiendo ese precedente habría que judicializar los tratos de capitulación con la mitad o más de los líderes nacionales de la Tierra.
Este ardiente celo judicial lo muestran algunos, incluso cuando ya el conflicto ha encontrado una salida y solución política. El caso más egregio es el del juez Baltasar Garzón, que dictó una orden de detención internacional contra el general Augusto Pinochet, ex-presidente de Chile, cuando éste se había retirado del mando y la transmisión de poderes se había producido por medios democráticos impecables.
Este juez, curiosamente, ha sido protagonista, en dos fases o alternativas, del enfrentamiento del estado con ETA: primero en su denuncia y persecución de los crímenes de los GAL, durante el gobierno del Sr. González, y recientemente guardando en un cajón durante dos años de celo reprimido el expediente Faisán, activado por el juez Ruz. La judicialización de la política suele ir acompañada de su reverso: la politización de la justicia.
Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales
lunes, 11 de julio de 2011
SUDÁN DEL SUR, DIFÍCIL ALUMBRAMIENTO
Publicado el lunes 11 de julio de 2011
Siguen los conflictos con el Norte y en el interior
Antonio Sánchez-Gijón.– Uno de los primeros móviles de la lucha por la independencia de Sudán del Sur ha sido la llamada "ley islámica" o sharía. Un pueblo mayoritariamente no musulmán gemía bajo el yugo de ese supuesto ordenamiento religioso-civil desde que se impuso en todo Sudán en 1989. Desde este punto de vista, la independencia del nuevo país es una derrota del fundamentalismo islámico. Y también de la civilización árabe. En efecto, la inmensa mayoría de la población del sur es de raza negra. El 65% de la población de la nueva nación practica cultos animistas, un 18% es cristiano y un 17% musulmán. El primer presidente del estado, Salva Kiir, es un católico.
El catolicismo llegó a Sudán del Sur de la mano de misioneros combonianos, en los tiempos coloniales. El presidente Kiir predica de vez en cuando en la catedral de Juba, la capital, situada en la ribera del Nilo Blanco. En la capital hay, desde 2009, una universidad católica, la Santa María.
Aunque es cierto que los conflictos armados entre el norte y el sur de Sudán comenzaron poco antes de la descolonización de 1956, los movimientos rebeldes del sur no se mostraron independentistas más que en los últimos años. La guerra abierta empezó al suspender Jartum, en 1983, el régimen de autonomía de que gozaba el Sur, y había de durar hasta el 2002. Se calcula que produjo dos millones y medio de víctimas mortales y cuatro millones de desplazados.
John Garang, líder del Movimiento Popular de Liberación Nacional (MPLN), y hoy considerado el "Padre de la Patria", era unionista. En 2005 había logrado la firma de un arreglo político por el que Jartum aceptaba la celebración, seis años después, de un referéndum sobre la independencia de diez provincias sureñas. De resultas de ese acuerdo Garang, fue elegido vicepresidente de Sudán. Su muerte en accidente de helicóptero, en agosto de 2005, fue un factor adicional de alienación entre el norte y el sur, pues se sospechó un sabotaje inspirado por el presidente sudanés al-Bashir. Los sucesores de Garang al frente del movimiento abandonaron la vía unionista y abrazaron el independentismo. Incluso después del acuerdo de 2005 continuaron los enfrentamientos, especialmente en la provincia de Kordofán Sur, de composición étnica mixta, y que iba a quedar fuera de la disposición del referéndum.
Esa provincia es de gran valor para el Norte, porque contiene los únicos pozos petrolíferos que le quedan después de la separación del Sur. La lucha se ha hecho particularmente violenta en las últimas semanas en el enclave de Abyei, entre Kordofan Sur y Sudán del Sur, y aunque provisionalmente ha quedado fuera del nuevo estado, a la espera de una consulta particular, su población se halla dividida étnicamente entre nubas y árabes, que viven sobre unas tierras fértiles que los unos dedican a la agricultura y los otros al pastoreo. Son de temer nuevos enfrentamientos entre los dos estados en muchos otros puntos, porque la frontera común de 2.000 km. ha sido demarcada de forma muy imprecisa.
Intereses compartidos
Hay, sin embargo, una condición estructural que puede favorecer las relaciones estables entre Jartum y Juba. El norte y el sur se necesitan para sacar provecho de los recursos petrolíferos del territorio. El 80% de la producción total de petróleo, de 500.000 barriles al día, se saca del sur, pero las refinerías están situadas en el norte, y los oleoductos llevan el crudo a los puertos norteños sobre el mar Rojo. La independencia del sur ha llegado sin que se haya logrado un acuerdo sobre el reparto de los beneficios. Lo mismo se puede decir de la deuda internacional del Sudán unido.
De momento, Jartum tiene en sus manos todas las cuerdas que abren o cierran la bolsa, que se supone ha de ser común durante un tiempo. Otra forma de dependencia es que el 60% del alimento consumido en el sur procede de, o transita por, el territorio del norte, así como la gasolina. Hasta que se negocien estas cuestiones cruciales, Juba va a depender principalmente de la ayuda exterior.
Se espera que sea muy significativa la ayuda de los Estados Unidos. La causa de Sudán del Sur es allí muy popular desde los primeros años de la presidencia de George W. Bush, quien hizo de la violencia extrema practicada por el régimen islamista de Jartum contra la región de Darfur componente de su guerra contra el terrorismo internacional. Bush tuvo muy presente que Osama ben Laden había pasado algunos años refugiado en Sudán, bajo el amparo de su gobierno, antes de instalarse en Afganistán.
Presión exterior
Fue la presión norteamericana y europea, con sanciones de todo tipo, y la acusación del Tribunal Penal Internacional contra Bashir por crímenes contra la humanidad, lo que logró que Jartum abriera la mano al acuerdo del 2005. El referéndum de independencia, celebrado a primeros del 2011, arrojó un resultado de 98% a favor.
De todas formas, hay signos de que la independencia no tiene necesariamente que equivaler a paz y prosperidad. La inauguración del presidente Kiir se produjo bajo algunos signos ominosos, como la presencia de algunos dictadores africanos; por ejemplo, Mugabe de Zimbaue y Obiang Nguema de Guinea Ecuatorial.
Las divisiones étnicas y religiosas que han plagado desde su independencia a Sudán pueden repetirse en Sudán del Sur. La población es étnicamente muy variada, pero la etnia de los dinkas, que es la mayoritaria, detenta los principales cargos de la administración y el mando de las fuerzas armadas. Estas, por sí solas, se llevan una cuarta parte del presupuesto. El ejército tiene como excusa la necesidad de confrontar los varios conflictos tribales actualmente vivos, que amenazan la estabilidad del nuevo estado. Uno de ellos es la rebelión del Ejército de Liberación de Sudán del Sur, que se sospecha está financiado por Jartum.
Las posibilidades de que Sudán del Sur acabe siendo un estado viable no son muchas. Los observadores extranjeros aluden a la corrupción rampante, la falta de élites preparadas, el atraso general de la población, la inexistencia de carreteras pavimentadas, etc. El 90% vive por debajo del nivel de pobreza, y el 80% es analfabeto. Más de la mitad de los niños entre 6 y 13 años no tienen escuela.
El país, sin embargo, no tiene fatalmente que degenerar en una nueva Somalia, como algunos temen. Se estima que su territorio de 612.000 km2 contiene riquezas minerales, y que las reservas de petróleo están en gran parte inexploradas. Hay muchas buenas tierras, y la población es pequeña, 8,5 millones.
Su posición geopolítica le orientará sin duda a buscar salidas al mar para sus tráficos a través de Kenya y Etiopía-Eritrea, sin detrimento del valor de su posición en el corazón del África tropical. Los chinos explotan ya su petróleo; la compañía francesa Total goza de una licencia de exploración sobre más de 100.000 km2. Juba es hoy un polo de atracción de inmigrantes emprendedores en busca de oportunidades.
El nuevo niño ha nacido muy precario. No le faltan, sin embargo, padrinos. Veremos
Siguen los conflictos con el Norte y en el interior
Antonio Sánchez-Gijón.– Uno de los primeros móviles de la lucha por la independencia de Sudán del Sur ha sido la llamada "ley islámica" o sharía. Un pueblo mayoritariamente no musulmán gemía bajo el yugo de ese supuesto ordenamiento religioso-civil desde que se impuso en todo Sudán en 1989. Desde este punto de vista, la independencia del nuevo país es una derrota del fundamentalismo islámico. Y también de la civilización árabe. En efecto, la inmensa mayoría de la población del sur es de raza negra. El 65% de la población de la nueva nación practica cultos animistas, un 18% es cristiano y un 17% musulmán. El primer presidente del estado, Salva Kiir, es un católico.
El catolicismo llegó a Sudán del Sur de la mano de misioneros combonianos, en los tiempos coloniales. El presidente Kiir predica de vez en cuando en la catedral de Juba, la capital, situada en la ribera del Nilo Blanco. En la capital hay, desde 2009, una universidad católica, la Santa María.
Aunque es cierto que los conflictos armados entre el norte y el sur de Sudán comenzaron poco antes de la descolonización de 1956, los movimientos rebeldes del sur no se mostraron independentistas más que en los últimos años. La guerra abierta empezó al suspender Jartum, en 1983, el régimen de autonomía de que gozaba el Sur, y había de durar hasta el 2002. Se calcula que produjo dos millones y medio de víctimas mortales y cuatro millones de desplazados.
John Garang, líder del Movimiento Popular de Liberación Nacional (MPLN), y hoy considerado el "Padre de la Patria", era unionista. En 2005 había logrado la firma de un arreglo político por el que Jartum aceptaba la celebración, seis años después, de un referéndum sobre la independencia de diez provincias sureñas. De resultas de ese acuerdo Garang, fue elegido vicepresidente de Sudán. Su muerte en accidente de helicóptero, en agosto de 2005, fue un factor adicional de alienación entre el norte y el sur, pues se sospechó un sabotaje inspirado por el presidente sudanés al-Bashir. Los sucesores de Garang al frente del movimiento abandonaron la vía unionista y abrazaron el independentismo. Incluso después del acuerdo de 2005 continuaron los enfrentamientos, especialmente en la provincia de Kordofán Sur, de composición étnica mixta, y que iba a quedar fuera de la disposición del referéndum.
Esa provincia es de gran valor para el Norte, porque contiene los únicos pozos petrolíferos que le quedan después de la separación del Sur. La lucha se ha hecho particularmente violenta en las últimas semanas en el enclave de Abyei, entre Kordofan Sur y Sudán del Sur, y aunque provisionalmente ha quedado fuera del nuevo estado, a la espera de una consulta particular, su población se halla dividida étnicamente entre nubas y árabes, que viven sobre unas tierras fértiles que los unos dedican a la agricultura y los otros al pastoreo. Son de temer nuevos enfrentamientos entre los dos estados en muchos otros puntos, porque la frontera común de 2.000 km. ha sido demarcada de forma muy imprecisa.
Intereses compartidos
Hay, sin embargo, una condición estructural que puede favorecer las relaciones estables entre Jartum y Juba. El norte y el sur se necesitan para sacar provecho de los recursos petrolíferos del territorio. El 80% de la producción total de petróleo, de 500.000 barriles al día, se saca del sur, pero las refinerías están situadas en el norte, y los oleoductos llevan el crudo a los puertos norteños sobre el mar Rojo. La independencia del sur ha llegado sin que se haya logrado un acuerdo sobre el reparto de los beneficios. Lo mismo se puede decir de la deuda internacional del Sudán unido.
De momento, Jartum tiene en sus manos todas las cuerdas que abren o cierran la bolsa, que se supone ha de ser común durante un tiempo. Otra forma de dependencia es que el 60% del alimento consumido en el sur procede de, o transita por, el territorio del norte, así como la gasolina. Hasta que se negocien estas cuestiones cruciales, Juba va a depender principalmente de la ayuda exterior.
Se espera que sea muy significativa la ayuda de los Estados Unidos. La causa de Sudán del Sur es allí muy popular desde los primeros años de la presidencia de George W. Bush, quien hizo de la violencia extrema practicada por el régimen islamista de Jartum contra la región de Darfur componente de su guerra contra el terrorismo internacional. Bush tuvo muy presente que Osama ben Laden había pasado algunos años refugiado en Sudán, bajo el amparo de su gobierno, antes de instalarse en Afganistán.
Presión exterior
Fue la presión norteamericana y europea, con sanciones de todo tipo, y la acusación del Tribunal Penal Internacional contra Bashir por crímenes contra la humanidad, lo que logró que Jartum abriera la mano al acuerdo del 2005. El referéndum de independencia, celebrado a primeros del 2011, arrojó un resultado de 98% a favor.
De todas formas, hay signos de que la independencia no tiene necesariamente que equivaler a paz y prosperidad. La inauguración del presidente Kiir se produjo bajo algunos signos ominosos, como la presencia de algunos dictadores africanos; por ejemplo, Mugabe de Zimbaue y Obiang Nguema de Guinea Ecuatorial.
Las divisiones étnicas y religiosas que han plagado desde su independencia a Sudán pueden repetirse en Sudán del Sur. La población es étnicamente muy variada, pero la etnia de los dinkas, que es la mayoritaria, detenta los principales cargos de la administración y el mando de las fuerzas armadas. Estas, por sí solas, se llevan una cuarta parte del presupuesto. El ejército tiene como excusa la necesidad de confrontar los varios conflictos tribales actualmente vivos, que amenazan la estabilidad del nuevo estado. Uno de ellos es la rebelión del Ejército de Liberación de Sudán del Sur, que se sospecha está financiado por Jartum.
Las posibilidades de que Sudán del Sur acabe siendo un estado viable no son muchas. Los observadores extranjeros aluden a la corrupción rampante, la falta de élites preparadas, el atraso general de la población, la inexistencia de carreteras pavimentadas, etc. El 90% vive por debajo del nivel de pobreza, y el 80% es analfabeto. Más de la mitad de los niños entre 6 y 13 años no tienen escuela.
El país, sin embargo, no tiene fatalmente que degenerar en una nueva Somalia, como algunos temen. Se estima que su territorio de 612.000 km2 contiene riquezas minerales, y que las reservas de petróleo están en gran parte inexploradas. Hay muchas buenas tierras, y la población es pequeña, 8,5 millones.
Su posición geopolítica le orientará sin duda a buscar salidas al mar para sus tráficos a través de Kenya y Etiopía-Eritrea, sin detrimento del valor de su posición en el corazón del África tropical. Los chinos explotan ya su petróleo; la compañía francesa Total goza de una licencia de exploración sobre más de 100.000 km2. Juba es hoy un polo de atracción de inmigrantes emprendedores en busca de oportunidades.
El nuevo niño ha nacido muy precario. No le faltan, sin embargo, padrinos. Veremos
viernes, 8 de julio de 2011
LA DEFENSA EUROPEA, EN UNA ENCRUCIJADA MILITAR Y TECNOLÓGICA
Publicdo el 7 de julio de 2011
España anuncia rebajas en su esfuerzo militar
Antonio Sánchez-Gijón.- La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), instituida por el tratado de Lisboa, no ha pasado la prueba de Libia, y aún está por estrenarse en una crisis militar mayor. Libia era un caso que ni pintado para que la Unión Europea hubiera estrenado su PCSD. Ese país se encuentra en su área de interés: la ribera sur de Europa; desde Libia se han lanzado ataques terroristas y militares contra territorio europeo; el coronel Gadafi había iniciado en el pasado programas de armas de destrucción masiva; una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas avalaba la intervención por razones de protección de la población. Nada de lo que ocurriera en Libia podía ser indiferente a la Unión. Sin embargo, la Unión se contentó con aprobar el pasado 1 de abril una misión de apoyo a la ayuda humanitaria, que en su aspecto militar tuvo que ser encomendada a la OTAN.
Entonces, ¿qué diablos es la PCSD que no se ocupa ni de S ni de D cuando las tiene delante de sus narices? El tratado de Lisboa la define como “parte integral de la Política Exterior y de Seguridad Común, cuya misión es dotar a la Unión de capacidad operativa mediante el recurso a sus activos civiles y militares”. ¿Pero dónde se hallan esos activos civiles y militares? Lo dice más adelante: “la realización de esas tareas se llevará a cabo utilizando las capacidades suministradas por los Estados Miembros de acuerdo con el principio de un único conjunto de fuerzas”.
Pronto quedó claro que Libia no iba a ser una operación de la Unión. El país más rico y poblado de la Unión, Alemania, se abstuvo en la votación de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad, que autorizaba una zona de exclusión aérea y marítima sobre Libia. Una vez la Unión tuvo la resolución en sus manos, se formó una coalición bajo el liderazgo de una potencia extraeuropea, los Estados Unidos, y Alemania rechazó unirse a ella. Pronto se formó un liderazgo europeo informal entre el Reino Unido y Francia para intervenir militarmente, pero tuvieron que ser los Estados Unidos los que proporcionaran las capacidades militares “de apertura” (sus sistema de mando y control sobre los espacios aéreo y marítimo de Libia y sus centenares de misiles aerotransportados para las salvas iniciales).
Sin embargo, el Tratado de la Unión Europea, al que el Tratado de Lisboa se remite, dice que “la política común de seguridad y defensa de la Unión no prejuzga el carácter específico de la política de seguridad y defensa de ciertos Estados Miembros”. Es decir, que son los estados los que tienen entera libertad para determinar el cómo, cuánto, cuándo y dónde de su aportación a la PCSD, pero la Unión, como tal, no podrá hacer nada por sí. Lo que los estados den, se agrupará bajo lo que el tratado llama “cooperación estructurada permanente”, que se consagra específicamente a la formación de fuerzas multinacionales, armonización de los programas de armamentos, formación de unidades de combate para misiones específicas, etc. Su órgano central es la Agencia Europea de Defensa, de la que más tarde diremos algo.
Si las capacidades militares de la Unión como tal son una “unknown quantity” por falta de uso, no ocurre lo mismo con el agregado de las capacidades militares de los países europeos medidas en términos financieros, ya que éstas alcanzan el 60% de las de Estados Unidos, y rebasan a las fuerzas de este país en 500.000 efectivos humanos. Anand Menon, en el último número de “Survival”, la revista bimensual del International Institute For Strategic Studies, aporta una serie de datos abrumadores que ponen de relieve la incoherencia de la proclamada política europea y de los sucesivos compromisos nacionales de contribución a la PCSD. Sólo tres países de la Unión (Reino Unido, Irlanda y Finlandia), han cumplido su compromiso de mantener el 8% de sus fuerzas en condiciones de conducir operaciones exteriores. También sufren de una sobrecapacidad en sistemas de armas del pasado: los europeos tienen 10.000 tanques y 2.500 aviones de combate. Sin embargo, falta que Europa suministre el número de instructores del ejército afgano a que se había comprometido.
Proteger la tecnología y la industria militar
Lo único verdaderamente activo de la PCSD es la Agencia Europea de Defensa (AED), al menos mientras los estados europeos no se decidan a dar el paso hacia la integración operativa de sus fuerzas armadas, más allá de las unidades conjuntas ya establecidas en el papel. La agencia trata de coordinar y armonizar los mecanismos de procuración de los sistemas de armas, homogeneizar sus características operativas y proponer directrices para la adquisición de armamentos. Tiene en marcha algunos proyectos importantes, como el de disponibilidad de helicópteros, la Flota Europea de Transporte Aéreo, y la inclusión de sistemas aéreos no tripulados en el inventario de las fuerzas armadas europeas. La agencia tiene en marcha cuatro programas permanentes sobre estimación y desarrollo de las capacidades, investigación y tecnología de la defensa, la cooperación en armamentos y el desarrollo de la base industrial y tecnológica de la defensa. El autor mencionado anteriormente se muestra bastante escéptico respecto de la capacidad de la AED para siquiera cumplir esta misión de coordinación y estimulación, ya que su junta de gobierno está formada por los 27 ministros de Defensa de los países de la Unión, cada uno de ellos con sus compromisos caseros en cuanto a intereses corporativos de las fuerzas armadas, los de sus industrias militares, etc.
Con todo, el papel de la AED puede ser muy útil para estimular el crecimiento conjunto de las capacidades europeas en un sistema de armas particular que va afirmando por doquier (Afganistán, Pakistán, Yemen, Libia, etc.) su preponderancia en los cálculos tácticos y estratégicos de los jefes militares: me refiero a los vehículos no tripulados de combate. Aunque los tres ejércitos (tierra, mar, aire) se ven concernidos por ellos, es la fuerza aérea la que más va a sentir su irrupción.
En efecto, los vigentes planes europeos de construcción de aviones de combate (Typhoon, Rafale, Gripen) se habrán consumado en 10 a 15 años, y ya es cuestión urgente decidir qué nueva generación de modelos los van a sustituir. Aquí se presenta la disyuntiva: tripulados/no tripulados, o en qué proporción.
Mientras hay países que no están dispuestos a perder el capital tecnológico y económico de sus industrias de armamento, parece que es precisamente ahí donde España va a reducir sus presupuestos de defensa, según se deduce de lo dicho por el secretario de Estado, Constantino Méndez Martínez, quien es citado en el “Military Balance 2011”, del IISS: “después de anunciar recortes al presupuesto de defensa español, (anunció) que las fuerzas armadas tendrán dificultades en invertir en nuevos sistemas si mantiene la misma estructura de fuerzas” Y añadió textualmente: “La industria tiene que ser consciente de que el ciclo de modernización se ha acabado y pasará mucho tiempo antes de que se puedan considerar de nuevo inversiones de la misma escala”. Para acabar de ilustrar la política de defensa del actual gobierno, podemos ir a la parte estadística del “Balance”, en que se señala el decrecimiento de los presupuestos españoles de defensa: en 2009 el gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero asignó 7.840 millones de euros a esta función, en 2010 habían sido 7.690 millones y en 2011, 7.150 millones.
Aunque es verdad que los presupuestos de defensa de los países europeos más grandes también están en vías de reducción, no parece que sean muchos los que se resignen a perder o debilitar sus conquistas industriales y tecnológicas. En esto, al menos, España no se acerca al corazón de Europa, como nos advierte el Sr. Méndez Martínez.
España anuncia rebajas en su esfuerzo militar
Antonio Sánchez-Gijón.- La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), instituida por el tratado de Lisboa, no ha pasado la prueba de Libia, y aún está por estrenarse en una crisis militar mayor. Libia era un caso que ni pintado para que la Unión Europea hubiera estrenado su PCSD. Ese país se encuentra en su área de interés: la ribera sur de Europa; desde Libia se han lanzado ataques terroristas y militares contra territorio europeo; el coronel Gadafi había iniciado en el pasado programas de armas de destrucción masiva; una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas avalaba la intervención por razones de protección de la población. Nada de lo que ocurriera en Libia podía ser indiferente a la Unión. Sin embargo, la Unión se contentó con aprobar el pasado 1 de abril una misión de apoyo a la ayuda humanitaria, que en su aspecto militar tuvo que ser encomendada a la OTAN.
Entonces, ¿qué diablos es la PCSD que no se ocupa ni de S ni de D cuando las tiene delante de sus narices? El tratado de Lisboa la define como “parte integral de la Política Exterior y de Seguridad Común, cuya misión es dotar a la Unión de capacidad operativa mediante el recurso a sus activos civiles y militares”. ¿Pero dónde se hallan esos activos civiles y militares? Lo dice más adelante: “la realización de esas tareas se llevará a cabo utilizando las capacidades suministradas por los Estados Miembros de acuerdo con el principio de un único conjunto de fuerzas”.
Pronto quedó claro que Libia no iba a ser una operación de la Unión. El país más rico y poblado de la Unión, Alemania, se abstuvo en la votación de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad, que autorizaba una zona de exclusión aérea y marítima sobre Libia. Una vez la Unión tuvo la resolución en sus manos, se formó una coalición bajo el liderazgo de una potencia extraeuropea, los Estados Unidos, y Alemania rechazó unirse a ella. Pronto se formó un liderazgo europeo informal entre el Reino Unido y Francia para intervenir militarmente, pero tuvieron que ser los Estados Unidos los que proporcionaran las capacidades militares “de apertura” (sus sistema de mando y control sobre los espacios aéreo y marítimo de Libia y sus centenares de misiles aerotransportados para las salvas iniciales).
Sin embargo, el Tratado de la Unión Europea, al que el Tratado de Lisboa se remite, dice que “la política común de seguridad y defensa de la Unión no prejuzga el carácter específico de la política de seguridad y defensa de ciertos Estados Miembros”. Es decir, que son los estados los que tienen entera libertad para determinar el cómo, cuánto, cuándo y dónde de su aportación a la PCSD, pero la Unión, como tal, no podrá hacer nada por sí. Lo que los estados den, se agrupará bajo lo que el tratado llama “cooperación estructurada permanente”, que se consagra específicamente a la formación de fuerzas multinacionales, armonización de los programas de armamentos, formación de unidades de combate para misiones específicas, etc. Su órgano central es la Agencia Europea de Defensa, de la que más tarde diremos algo.
Si las capacidades militares de la Unión como tal son una “unknown quantity” por falta de uso, no ocurre lo mismo con el agregado de las capacidades militares de los países europeos medidas en términos financieros, ya que éstas alcanzan el 60% de las de Estados Unidos, y rebasan a las fuerzas de este país en 500.000 efectivos humanos. Anand Menon, en el último número de “Survival”, la revista bimensual del International Institute For Strategic Studies, aporta una serie de datos abrumadores que ponen de relieve la incoherencia de la proclamada política europea y de los sucesivos compromisos nacionales de contribución a la PCSD. Sólo tres países de la Unión (Reino Unido, Irlanda y Finlandia), han cumplido su compromiso de mantener el 8% de sus fuerzas en condiciones de conducir operaciones exteriores. También sufren de una sobrecapacidad en sistemas de armas del pasado: los europeos tienen 10.000 tanques y 2.500 aviones de combate. Sin embargo, falta que Europa suministre el número de instructores del ejército afgano a que se había comprometido.
Proteger la tecnología y la industria militar
Lo único verdaderamente activo de la PCSD es la Agencia Europea de Defensa (AED), al menos mientras los estados europeos no se decidan a dar el paso hacia la integración operativa de sus fuerzas armadas, más allá de las unidades conjuntas ya establecidas en el papel. La agencia trata de coordinar y armonizar los mecanismos de procuración de los sistemas de armas, homogeneizar sus características operativas y proponer directrices para la adquisición de armamentos. Tiene en marcha algunos proyectos importantes, como el de disponibilidad de helicópteros, la Flota Europea de Transporte Aéreo, y la inclusión de sistemas aéreos no tripulados en el inventario de las fuerzas armadas europeas. La agencia tiene en marcha cuatro programas permanentes sobre estimación y desarrollo de las capacidades, investigación y tecnología de la defensa, la cooperación en armamentos y el desarrollo de la base industrial y tecnológica de la defensa. El autor mencionado anteriormente se muestra bastante escéptico respecto de la capacidad de la AED para siquiera cumplir esta misión de coordinación y estimulación, ya que su junta de gobierno está formada por los 27 ministros de Defensa de los países de la Unión, cada uno de ellos con sus compromisos caseros en cuanto a intereses corporativos de las fuerzas armadas, los de sus industrias militares, etc.
Con todo, el papel de la AED puede ser muy útil para estimular el crecimiento conjunto de las capacidades europeas en un sistema de armas particular que va afirmando por doquier (Afganistán, Pakistán, Yemen, Libia, etc.) su preponderancia en los cálculos tácticos y estratégicos de los jefes militares: me refiero a los vehículos no tripulados de combate. Aunque los tres ejércitos (tierra, mar, aire) se ven concernidos por ellos, es la fuerza aérea la que más va a sentir su irrupción.
En efecto, los vigentes planes europeos de construcción de aviones de combate (Typhoon, Rafale, Gripen) se habrán consumado en 10 a 15 años, y ya es cuestión urgente decidir qué nueva generación de modelos los van a sustituir. Aquí se presenta la disyuntiva: tripulados/no tripulados, o en qué proporción.
Mientras hay países que no están dispuestos a perder el capital tecnológico y económico de sus industrias de armamento, parece que es precisamente ahí donde España va a reducir sus presupuestos de defensa, según se deduce de lo dicho por el secretario de Estado, Constantino Méndez Martínez, quien es citado en el “Military Balance 2011”, del IISS: “después de anunciar recortes al presupuesto de defensa español, (anunció) que las fuerzas armadas tendrán dificultades en invertir en nuevos sistemas si mantiene la misma estructura de fuerzas” Y añadió textualmente: “La industria tiene que ser consciente de que el ciclo de modernización se ha acabado y pasará mucho tiempo antes de que se puedan considerar de nuevo inversiones de la misma escala”. Para acabar de ilustrar la política de defensa del actual gobierno, podemos ir a la parte estadística del “Balance”, en que se señala el decrecimiento de los presupuestos españoles de defensa: en 2009 el gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero asignó 7.840 millones de euros a esta función, en 2010 habían sido 7.690 millones y en 2011, 7.150 millones.
Aunque es verdad que los presupuestos de defensa de los países europeos más grandes también están en vías de reducción, no parece que sean muchos los que se resignen a perder o debilitar sus conquistas industriales y tecnológicas. En esto, al menos, España no se acerca al corazón de Europa, como nos advierte el Sr. Méndez Martínez.
Las revoluciones árabes a la luz de Brinton y Aristóteles
Publicado el martes 5 de julio de 2011
Las revoluciones árabes a la luz de Brinton y Aristóteles
No es descartable un final con violencia extrema
Antonio Sánchez-Gijón.– Crane Brinton, en su "Anatomía de la revolución", describe los caracteres comunes con que irrumpieron las cuatro revoluciones que él estudia en su libro (la inglesa contra los Estuardos, la americana de independencia, la francesa contra l'Ancien Régime y la bolchevique). Tales caracteres son, sumariamente los siguientes: quiebra financiera, organización de los descontentos, demandas al gobierno, discusión en el gobierno sobre si las concesiones a esas demandas constituirían la abdicación de su autoridad, intento de empleo de la fuerza por el gobierno, fracaso de ésta porque soldados y policías desertan hacia los rebeldes y, por último, asalto al poder por los revolucionarios. Pero eso no es sino el comienzo de la revolución, lo que Brinton llama sus "pródromos", el malestar que precede a la enfermedad. Una enfermedad que, en los cuatro casos estudiados por Brinton, fueron de extremada violencia.
Según este diagnóstico, los casos de Túnez y Egipto no serían propiamente revoluciones, porque los soldados no se pasaron a los revolucionarios, sino que dejaron caer a los gobernantes; tampoco los revolucionarios se habían propuesto asaltar el poder, sino derribar los respectivos tiranos. En cierto modo no eran revolucionarios, sino electores que votaron airadamente contra Ben Alí y Mubarak. Y estaban airados, entre otras cosas porque, como dice Aristóteles en el estudio que hace en su "Política" sobre las revoluciones griegas, "la injusticia, el miedo, el desprecio han sido casi siempre causa de las conspiraciones de los súbditos contra los monarcas", y añade significativamente para nuestro caso: "Sin embargo, la injusticia las ha causado con menos frecuencia que el insulto". Recuérdese cómo toda la revolución árabe se desencadenó en Túnez, como en un "efecto mariposa", cuando un pobre muchacho que se ganaba la vida con la venta ambulante no autorizada, fue insultado y vio destruido su medio de vida por un policía, allá a finales del 2010.
En el caso de Túnez no podemos descartar un cierto factor sentimental, de simpatía popular con el ofendido, como imagen de la humillación que los tunecinos sintieron una vez, o muchas, a lo largo de sus vidas bajo Ban Alí. Falta por ver si en Egipto la fase "sentimental" de la revolución pasará a los grandes desafíos al régimen establecido, todavía intocado en lo sustancial, porque la revolución parece haber perdido foco y dinámica tan pronto como cayó el autor de las humillaciones, el presidente Mubarak.
Los casos más avanzados de revolución son los de Libia y Yemen. Aquí gran parte de los dos pueblos no sólo han "votado" al declararse desafectos, sino que se han alzado contra los respectivos gobiernos, e intentan en estos momentos un asalto al poder, con el apoyo más o menos cuantioso de los soldados que abandonan de modo creciente los respectivos regímenes.
Siria, caso particular
Sócrates hablaba de las revoluciones de su tiempo (nos cuenta Aristóteles en su "Política") como si cada una de ellas fuese única en su género,. Desde luego, la que menos se parece a las otras revoluciones que sacuden el mundo árabe es la siria. En efecto, aunque las exigencias de los desafectos sirios, como en los casos de Túnez y Egipto, incluyen la caída del tirano, a diferencia de estos dos casos es muy dudoso que los sirios puedan conseguir que el ejército, como un acto reflejo de su instinto de conservación, se vuelva contra el presidente al-Assad y su clan, como prescribe la fórmula de Brinton.
La minoría alauita (la del presidente y su familia) detenta el mando y control de las fuerzas armadas. Sin ese mando y control la minoría alauita volvería a convertirse en una minoría oprimida, que es lo que fue siempre hasta el triunfo de la revolución baasista en 1970. Aunque la mayoría de los soldados son sunnitas, las unidades militares que cuentan por su armamento, disciplina y organización son las formadas y/o mandadas por alauitas.
El presidente al-Assad, sin embargo, no puede confiar en que el grueso del ejército se mantenga siempre fiel. En caso de división, cada facción militar lucharía por la supremacía de su conglomerado étnico, lo que degeneraría en guerra civil. Cualquiera que fuese el resultado de esa hipotética lucha, no es seguro que la parte vencedora abrazase la causa de los desafectos, que por sus declaraciones parecen inclinarse por un régimen democrático. Siria tiene un largo historial de luchas militares intestinas, que nunca se resolvieron a favor de la democracia. Es lo que Aristóteles había observado en muchas revoluciones de su tiempo: "uno que es inferior se subleva para obtener la igualdad; y una vez obtenida, se subleva para dominar. Tal es en general la disposición de espíritu de los ciudadanos que inician las revoluciones". Es decir, en su día los alauitas se sublevaron para liberarse y luego impusieron su tiranía.
La fase violenta de las revoluciones decisivas
Si hoy día triunfan los rebeldes sirios (o para el caso los libios y los yemeníes), ¿harán como temía Aristóteles? ¿Tratarán de imponer su tiranía? Aristóteles y Brinton escribieron, desde su experiencia de hombres perfectamente compenetrados con los principios y prácticas de la democracia, sobre sociedades que poseían al menos los presupuestos morales y culturales sobre los que fue posible construir, después de sus revoluciones, sistemas democráticos (Rusia es la excepción parcial a la regla). Apenas podemos decir lo mismo de las sociedades árabes.
No es que haya una condición genética de la raza árabe que la incapacite para asimilar la democracia, sino que los fundamentos morales y culturales sobre los que se construyeron las democracias conocidas, no se han desarrollado sino de forma precaria y limitada en sus sociedades. Los recursos morales y culturales sobre el que conviven bien o mal las sociedades árabes tienen su fuente en el Islam y el derecho derivado del Corán, mediados por su tenaz particularización tribal o sectaria, menos acusada quizás en Túnez y Egipto, y absolutamente determinante en Libia, Siria, Iraq, Yemen, Bahrein, Arabia Saudí, etc.
Todo lo dicho hasta ahora no quiere decir que no debemos esperar que las revoluciones árabes desemboquen en sistemas de gobierno democráticos. No. Lo que se quiere decir es que si, efectivamente, esperamos y deseamos que se instaure en esos países la democracia, debemos tener en cuenta que sólo será posible cuando de los "pródromos" que parecen anunciar la revolución, pasen los pueblos árabes a la cosa en sí, a la revolución en su significado absoluto, de otro sistema de valores, de otras formas de gobierno, de otra correlación de fuerzas.
Todo lo cual sólo fue posible, en los cuatro casos estudiados por Brinton, después de pasar por diversas pruebas de una violencia extrema, para a la postre transformar el mundo. Así que si abrigamos la esperanza de que los pueblos árabes lleguen a convivir en paz y democracia, debemos mostrarnos dispuestos a sufrir las consecuencias que, dentro de un proceso transformador probablemente violento, nos puedan tocar.
Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales.
Las revoluciones árabes a la luz de Brinton y Aristóteles
No es descartable un final con violencia extrema
Antonio Sánchez-Gijón.– Crane Brinton, en su "Anatomía de la revolución", describe los caracteres comunes con que irrumpieron las cuatro revoluciones que él estudia en su libro (la inglesa contra los Estuardos, la americana de independencia, la francesa contra l'Ancien Régime y la bolchevique). Tales caracteres son, sumariamente los siguientes: quiebra financiera, organización de los descontentos, demandas al gobierno, discusión en el gobierno sobre si las concesiones a esas demandas constituirían la abdicación de su autoridad, intento de empleo de la fuerza por el gobierno, fracaso de ésta porque soldados y policías desertan hacia los rebeldes y, por último, asalto al poder por los revolucionarios. Pero eso no es sino el comienzo de la revolución, lo que Brinton llama sus "pródromos", el malestar que precede a la enfermedad. Una enfermedad que, en los cuatro casos estudiados por Brinton, fueron de extremada violencia.
Según este diagnóstico, los casos de Túnez y Egipto no serían propiamente revoluciones, porque los soldados no se pasaron a los revolucionarios, sino que dejaron caer a los gobernantes; tampoco los revolucionarios se habían propuesto asaltar el poder, sino derribar los respectivos tiranos. En cierto modo no eran revolucionarios, sino electores que votaron airadamente contra Ben Alí y Mubarak. Y estaban airados, entre otras cosas porque, como dice Aristóteles en el estudio que hace en su "Política" sobre las revoluciones griegas, "la injusticia, el miedo, el desprecio han sido casi siempre causa de las conspiraciones de los súbditos contra los monarcas", y añade significativamente para nuestro caso: "Sin embargo, la injusticia las ha causado con menos frecuencia que el insulto". Recuérdese cómo toda la revolución árabe se desencadenó en Túnez, como en un "efecto mariposa", cuando un pobre muchacho que se ganaba la vida con la venta ambulante no autorizada, fue insultado y vio destruido su medio de vida por un policía, allá a finales del 2010.
En el caso de Túnez no podemos descartar un cierto factor sentimental, de simpatía popular con el ofendido, como imagen de la humillación que los tunecinos sintieron una vez, o muchas, a lo largo de sus vidas bajo Ban Alí. Falta por ver si en Egipto la fase "sentimental" de la revolución pasará a los grandes desafíos al régimen establecido, todavía intocado en lo sustancial, porque la revolución parece haber perdido foco y dinámica tan pronto como cayó el autor de las humillaciones, el presidente Mubarak.
Los casos más avanzados de revolución son los de Libia y Yemen. Aquí gran parte de los dos pueblos no sólo han "votado" al declararse desafectos, sino que se han alzado contra los respectivos gobiernos, e intentan en estos momentos un asalto al poder, con el apoyo más o menos cuantioso de los soldados que abandonan de modo creciente los respectivos regímenes.
Siria, caso particular
Sócrates hablaba de las revoluciones de su tiempo (nos cuenta Aristóteles en su "Política") como si cada una de ellas fuese única en su género,. Desde luego, la que menos se parece a las otras revoluciones que sacuden el mundo árabe es la siria. En efecto, aunque las exigencias de los desafectos sirios, como en los casos de Túnez y Egipto, incluyen la caída del tirano, a diferencia de estos dos casos es muy dudoso que los sirios puedan conseguir que el ejército, como un acto reflejo de su instinto de conservación, se vuelva contra el presidente al-Assad y su clan, como prescribe la fórmula de Brinton.
La minoría alauita (la del presidente y su familia) detenta el mando y control de las fuerzas armadas. Sin ese mando y control la minoría alauita volvería a convertirse en una minoría oprimida, que es lo que fue siempre hasta el triunfo de la revolución baasista en 1970. Aunque la mayoría de los soldados son sunnitas, las unidades militares que cuentan por su armamento, disciplina y organización son las formadas y/o mandadas por alauitas.
El presidente al-Assad, sin embargo, no puede confiar en que el grueso del ejército se mantenga siempre fiel. En caso de división, cada facción militar lucharía por la supremacía de su conglomerado étnico, lo que degeneraría en guerra civil. Cualquiera que fuese el resultado de esa hipotética lucha, no es seguro que la parte vencedora abrazase la causa de los desafectos, que por sus declaraciones parecen inclinarse por un régimen democrático. Siria tiene un largo historial de luchas militares intestinas, que nunca se resolvieron a favor de la democracia. Es lo que Aristóteles había observado en muchas revoluciones de su tiempo: "uno que es inferior se subleva para obtener la igualdad; y una vez obtenida, se subleva para dominar. Tal es en general la disposición de espíritu de los ciudadanos que inician las revoluciones". Es decir, en su día los alauitas se sublevaron para liberarse y luego impusieron su tiranía.
La fase violenta de las revoluciones decisivas
Si hoy día triunfan los rebeldes sirios (o para el caso los libios y los yemeníes), ¿harán como temía Aristóteles? ¿Tratarán de imponer su tiranía? Aristóteles y Brinton escribieron, desde su experiencia de hombres perfectamente compenetrados con los principios y prácticas de la democracia, sobre sociedades que poseían al menos los presupuestos morales y culturales sobre los que fue posible construir, después de sus revoluciones, sistemas democráticos (Rusia es la excepción parcial a la regla). Apenas podemos decir lo mismo de las sociedades árabes.
No es que haya una condición genética de la raza árabe que la incapacite para asimilar la democracia, sino que los fundamentos morales y culturales sobre los que se construyeron las democracias conocidas, no se han desarrollado sino de forma precaria y limitada en sus sociedades. Los recursos morales y culturales sobre el que conviven bien o mal las sociedades árabes tienen su fuente en el Islam y el derecho derivado del Corán, mediados por su tenaz particularización tribal o sectaria, menos acusada quizás en Túnez y Egipto, y absolutamente determinante en Libia, Siria, Iraq, Yemen, Bahrein, Arabia Saudí, etc.
Todo lo dicho hasta ahora no quiere decir que no debemos esperar que las revoluciones árabes desemboquen en sistemas de gobierno democráticos. No. Lo que se quiere decir es que si, efectivamente, esperamos y deseamos que se instaure en esos países la democracia, debemos tener en cuenta que sólo será posible cuando de los "pródromos" que parecen anunciar la revolución, pasen los pueblos árabes a la cosa en sí, a la revolución en su significado absoluto, de otro sistema de valores, de otras formas de gobierno, de otra correlación de fuerzas.
Todo lo cual sólo fue posible, en los cuatro casos estudiados por Brinton, después de pasar por diversas pruebas de una violencia extrema, para a la postre transformar el mundo. Así que si abrigamos la esperanza de que los pueblos árabes lleguen a convivir en paz y democracia, debemos mostrarnos dispuestos a sufrir las consecuencias que, dentro de un proceso transformador probablemente violento, nos puedan tocar.
Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales.
lunes, 20 de junio de 2011
SIRIA, LA REVOLUCIÓN QUE DA MIEDO
SIRIA, LE REVOLUCIÓN QUE DA MIEDO
Romper el equilibrio de poder del régimen es de resultados imprevisibles
Antonio Sánchez-Gijón.- No pasan los años por Bashar el-Assad. Su discurso de ayer en la universidad de Damasco, cuyo anuncio había creado una expectación mundial, no es más que un eco de los que pronunció después de tomar posesión del poder, en sucesión de su padre, en el año 2000. Entonces, vino primero lo que parecía la “primavera de Damasco”, pero pronto llegó el invierno de la defraudación.
Veamos al Assad “primaveral”: la idea-fuerza del comienzo de su presidencia era “desarrollo por medio de la estabilidad”. Creía así poder sintetizar los discursos contradictorios de las fuerzas del régimen. Mientras la vieja guardia se decantaba por la estabilidad (se entiende, el inmovilismo), la nueva insistía en el desarrollo como factor de modernización de una sociedad muy atrasada. A la “vieja guardia” pertenecía el ministro de Defensa, Mustafá Tlass, quien dijo en 2001: “tomamos el poder con nuestra sangre y no vamos a dejar que nadie nos lo arrebate, porque viene de la boca del fusil, y nosotros somos su dueño”. La “nueva guardia” eran los 80.000 nuevos cuadros del partido baaz que se colocaron en las estructuras del estado cuando en marzo del 2002, Assad decretó que todos los empleados públicos de más de sesenta años pasasen al retiro. Así pudo el nuevo presidente dotarse de una base “popular” propia, distinta de la de su padre.
La dialéctica del ayer resonó en el discurso de este lunes: “No puede haber desarrollo sin estabilidad, y tampoco reforma por medio del vandalismo”, dijo el-Assad en la sentencia identificada como la más expresiva de su discurso. Por otra parte, la llamada que hizo en el 2000 a “pensar democráticamente” es el “diálogo” que ofreció ayer a más de cien personalidades, a las que no nombró.
Puede que Assad pensara en las personalidades liberales y líderes islamistas y kurdos, que en 2005 firmaron la Declaración de Damasco, que pedía “la apertura de canales para un diálogo nacional comprehensivo y equitativo entre todos los componentes y grupos sociales, políticos y económicos del pueblo sirio”. Muchos de sus firmantes habían pasado largos años en prisión bajo Assad padre, y aunque Assad hijo liberó algunos, pronto los metió de nuevo entre rejas, para liberarlos de nuevo en 2010, y volver a enjaular a uno de ellos al menos, el periodista Fayez Sara, este pasado domingo.
La respuesta que las fuerzas de oposición reunidas en Turquía durante las revueltas han dado al discurso presidencial no ha podido ser más negativa. Su portavoz anunció el mismo lunes del discurso “la creación de un consejo nacional para conducir la revolución siria, comprendiendo todas las comunidades y representantes de las fuerzas nacionales dentro y fuera de Siria”, cuyo fin es “derribar el gobierno y llevarlo ante la justicia”.
Si la oferta de diálogo de Assad puede que haya llegado demasiado tarde, lo que ya está aquí es el deterioro de la economía, insinuado en el discurso de Assad: “Lo más peligroso con que nos enfrentaremos – dijo - en el periodo que comienza, es la debilidad o el colapso de la economía siria”. En realidad, su deterioro es uno de los coadyuvantes a la rebelión social. Siria se halla en una situación de déficit de alimentos por dos malas cosechas; sólo los subsidios de los estados ricos del Golfo permiten las importaciones suficientes de trigo. La balanza del petróleo es ahora negativa, y el diesel ha estado durante mucho tiempo fuertemente subsidiado, debilitando así las reservas; recientemente se redujeron los subsidios, lo que puede haber contribuido a la protesta popular. Los refugiados iraquíes de años pasados, o ya se han gastado sus ahorros o han vuelto a su país. La economía, que en años anteriores tuvo crecimientos moderados (4-5%), pero insuficientes para dar empleo a una población mayoritariamente joven, se estancó en 2010, en parte debido a la sequía de cinco años en el este del país, que empobreció a 800.000 campesinos, según estimaciones de un informe de las Naciones Unidas del 2010. El turismo, que estaba en auge, y en el 2010 había producido ingresos por $7.000 millones, está ahora arruinado. Las arcas del estado se van a ver vaciadas por el aumento del 30% de media de los salarios públicos, decretado por el presidente al comienzo de la revuelta.
La frustración más fuerte que la “nueva guardia” del régimen ha sufrido es, posiblemente, la transformación de una economía industrial basada en el monopolio estatal en otra de tipo de “capitalismo corrupto”, al servicio de la familia de Assad y de prohombres del régimen, del partido y de las fuerzas armadas.
Todo este cuadro debe verse sobre dos telones de fondo. El primero de ellos es interno, y representa el equilibrio dentro de la peculiar estructura de poder del régimen. El partido baaz tiene su poder consagrado en la constitución, y trata de revestirse de cierta legitimidad dentro de un Frente Nacional Progresivo, en que entran como fuerzas minoritarias algunos partidos insignificantes y personalidades de algún relieve de las profesiones y de las clases mercantiles de Damasco, Aleppo y otras ciudades. Jueces, rectores de universidad, etc., son nombrados por el presidente. Sin embargo, todo ese aparato no es más que la osatura del estado y de la administración. El músculo está en las fuerzas armadas. Y en el puesto de mando de éstas hallamos la minoría alauita, a la que pertenece el presidente. Aunque los alauitas representan posiblemente (no se hacen censos étnicos) el 7% de la población, ocupan un lugar clave de equilibrio entre las otras minorías (cristianos, kurdos, drusos, chiitas) y la mayoría sunnita, posiblemente más del 75% de la población. Esta posición de los alauitas no es del todo repudiada por los demás sectores, pues al menos asegura un mano fuerte sobre sectas muy banderizas, que recurrieron históricamente a la violencia para dirimir sus disputas. Esta unidad bajo puño de hierro ha asegurado cierta influencia de Siria en la escena internacional. A la pregunta de cómo los alauitas se superpusieron a las otras etnias dentro de las fuerzas armadas, lo responderé con el boletín de inteligencia Stratfor: fueron los franceses quienes en el periodo colonial los auparon al ejército, como medio de contrarrestar la influencia de los sunies nacionalistas del alto mando del ejército colonial. Bastantes años después se auparon a los cuadros del partido nacionalista y socialista Baaz. Con la combinación ejército-partido Hafez el-Assad pudo dar su golpe de estado de 1970 y conformar una quasi-estructura constitucional para la dominación alauita. El 70% de los 200.000 soldados profesionales del ejército son alauitas, lo mismo que el 80% de los oficiales. Los 300 .000 reclutas son en su mayoría sunitas. Los pilotos de aviación son sunitas pero su mantenimiento y comunicaciones están en manos alauitas.
El segundo telón de fondo es el internacional. Todos los vecinos de Siria temen tanto la revolución como el inestable status quo actual. Un nuevo reparto del poder supondría la ruptura de la posición de los alauitas, y estos los cambios en Siria suelen ser sangrientos. Los países vecinos no se hallaban hasta ahora particularmente disgustados con la situación que ya ha entrado en crisis: Israel convivía con Siria sin necesidad de relacionarse; Líbano no puede vivir sin Siria ni con Siria, como siempre; Turquía tenía pacificado el problema kurdo mediante las relaciones estrechas que el primer ministro Erdogan había establecido con Assad, y comerciaban intensamente. Irán contaba con un aliado para sus tejemanejes en Líbano y Palestina. Más lejos aún, los Estados Unidos habían puesto grandes esperanzas en la labor del nuevo embajador, enviado a Damasco en el 2010, para un diálogo y colaboración en materia de seguridad global y paz con Israel. Francia cortejaba a al-Assad para su proyecto de Unión Mediterránea, y esperaba conseguir para Siria un acuerdo de asociación con la Unión Europea.
La liquidación por derribo del régimen de Assad asusta a todos. Y todos elevan preces para que el diálogo que ofreció ayer el Assad y el que exigen los opositores lleguen a hablar el mismo lenguaje. Lo que se halla muy lejos de estar asegurado.
Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales.
jueves, 9 de junio de 2011
HACIA LA LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN DE GADAFI
Geoestrategia
HACIA LA LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN DE GADAFI
El gobierno reacio a añadir algo más al esfuerzo
Antonio Sánchez-Gijón.- Todo el mundo parece ahora consciente de que hay que llevar el conflicto de Libia a su fase resolutiva: la ONU, la OTAN, los países vecinos, los otros árabes. Ello es así porque siguen en peligro las vidas de los naturales, que mueren a decenas o centenares todos los días, y las de miles de inmigrantes africanos a Libia, que huyen a sus países de origen a través del Sáhara. Muchos mueren en el camino, mientras otros se ahogan en el Mediterráneo. La vida política y social del país necesita reorganizarse sobre nuevas bases. Es urgente la rehabilitación de la vida económica, la reconstrucción de las infraestructuras, y hasta es necesario que nuevas autoridades libias reemprendan la explotación de los recursos naturales y poner a trabajar a la población laboral. Para ello será necesario que los libios empleen los activos financieros controlados hasta ahora por el régimen del coronel Gadafi.
Pero el conflicto se ha estancado y la estrategia adoptada, de castigar a las fuerzas de Gadafi sólo desde el aire, está agotando su curso. Se agotan también el armamento y las municiones. El secretario de Defensa de Estados Unidos y el secretario del Foreign Office, Gates y Hague respectivamente, junto con el secretario general de la OTAN, reclamaron este miércoles en Bruselas un incremento de ataques sobre objetivos libios, que. Hasta primeros de junio se habían producido 10.000 salidas y ahora se produce una media de 50 al día. Los ministros pidieron expresamente a una serie de países renuentes que incrementasen su contribución. Lo que no pongan los que hasta ahora han puesto muy poco obligarán a los otros, sobre todo Francia y Gran Bretaña, a retirar aviones, helicópteros, drones, etc., de Afganistán para llevarlos a Libia. España, sin embargo, no se da por aludida: se contenta con contribuir a la coalición aliada con unos cuantos vuelos de control sobre una aviación enemiga que ni está ni se la espera porque ya no existe.
Fue muy clara y terminante la respuesta dada por “una fuente oficial española”, después de la reunión del miércoles, a la molesta pregunta de si España iba a aumentar su contribución al esfuerzo común: “Nosotros ofrecimos lo que ofrecimos para hacer lo que hacemos: proteger la zona de exclusión aérea y el embargo, y se nos aceptó”. No obstante, la misión de nuestras fuerzas armadas en las costas libias se prolongará seguramente durante 90 días más, si la ministra de Defensa obtiene del gobierno, hoy viernes, la venia para hacerlo. En realidad, no creo que nadie vea la necesidad de seguir haciendo algo que desde hace varias semanas ha dejado de tener sentido. Porque lo que ahora tiene sentido es acelerar lo que se ha dado en llamar el “end game” de Gadafi, para evitar más muertes y destrucción. Pero para eso España no va a estar.
Otros agentes del sistema internacional no se muestran tan flemáticos como los españoles. Las naciones árabes occidentales y la secretaria de Estado Clinton y otros ministros europeos se reunieron ayer jueves en los Emiratos Árabes Unidos para preparar el periodo post-Gadafi. Por lo menos en eso España hizo una contribución novedosa (eso sí, le va a costar poco), al reconocer la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, con ocasión de una visita a Bengazi, al Consejo Nacional de Transición como “el representante legítimo del pueblo libio”. ¿Quiere esto decir que España ya no reconoce al gobierno del coronel Gadafi y se propone expulsar a su embajador en Madrid? ¿Desliz diplomático o ambigüedad verbal? Veremos.
Al coronel Gadafi y a su familia se le han ofrecido todo tipo de alternativas a su inaceptable continuación en el poder: un alto el fuego, negociaciones para un proceso de transición a elecciones libres, una salida hacia un país africano y la consiguiente inmunidad, etc. Todas y cada una las ha rechazado, prometiendo morir en Libia. Ello quiere decir, muy probablemente, que si una bomba no le alcanza en algunos de sus refugios, habrá que echar pie a tierra para localizarle. Cuanto antes se haga, antes pasaremos los libios y nosotros a otra cosa. Sin embargo, las posibilidades de que Gadafi acabara aceptando una salida negociada se han reducido desde que en mayo pasado terció la Corte Penal Internacional, por iniciativa de su fiscal general, Luis Moreno-Ocampo, al pedir a los jueces una orden de detención contra Gadafi, su hijo Saif al Islam y el jefe de los servicios secretos. Después Moreno-Ocampo añadió la acusación de incitar a los soldados a violar las mujeres de los rebeldes. Es claro que cuanto más se avance por este camino judicial, menos se podrá maniobrar para un arreglo de última hora con Gadafi que ahorre vidas y caudal a una parte y otra.
El gobierno español rehuye enfrentarse a las implicaciones de todos estos azares, cada uno de los cuales entraña, como es natural, riesgos. Sobre todo para el propio gobierno del partido socialista, con unas perspectivas electorales de lo más oscuro. Los otros aliados de la coalición le instan a que emplee unos medios materiales y tácticos, propios de una ofensiva militar, pero el gobierno es consciente de que su uso erosionaría el conocido mito de “nosotros hacemos la paz y no la guerra”, que es el slogan de marca del partido socialista para toda conflictividad internacional.
Lo irónico del “impasse” en que nos encontramos es que cuanto más dure más se deteriorará la situación social, económica y política de Libia, incrementando su inestabilidad, lo que a su vez requerirá más recursos de los aliados y de la población para sortear los peligros de la transición, entre los que podemos citar las luchas intestinas y tribales, la interferencia de fuerzas antioccidentales como los Hermanos Musulmanes de Egipto, o, en el peor de los casos, Al-Qaida y cualquier otra yihad. Es sabido que Libia oriental ha sido un invernadero de seguidores de Ben Laden, como Abu Yahya al-Libi y Jamal Ibrahim Shtawi al-Misrati, quienes han aparecido en un reciente video de Al-Qaida incitando a ataques individuales contra los occidentales.
Ni la OTAN ni la Unión Europea, ni los países del sur del Mediterráneo pueden mostrarse neutrales o tibios ante lo que suceda a Libia. Lo reconozcamos o no, ese país, como el resto del norte de África Occidental, está en la esfera de influencia de Europa, y Europa está obligada, si sus gobiernos han de servir los intereses de sus naciones, a tratar de conformar por todos los medios posibles, que sean consistentes con el derecho internacional, la evolución de los acontecimientos. Aunque los países europeos acaben por retirarse militarmente de Libia una vez cumplida su misión, lo que no pueden hacer es retirarse estratégicamente. Al final cada uno acabará contando con tantos activos estratégicos en relación con cualquier país, según cuántos activos militares haya puesto en el intento.
Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales.
HACIA LA LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN DE GADAFI
El gobierno reacio a añadir algo más al esfuerzo
Antonio Sánchez-Gijón.- Todo el mundo parece ahora consciente de que hay que llevar el conflicto de Libia a su fase resolutiva: la ONU, la OTAN, los países vecinos, los otros árabes. Ello es así porque siguen en peligro las vidas de los naturales, que mueren a decenas o centenares todos los días, y las de miles de inmigrantes africanos a Libia, que huyen a sus países de origen a través del Sáhara. Muchos mueren en el camino, mientras otros se ahogan en el Mediterráneo. La vida política y social del país necesita reorganizarse sobre nuevas bases. Es urgente la rehabilitación de la vida económica, la reconstrucción de las infraestructuras, y hasta es necesario que nuevas autoridades libias reemprendan la explotación de los recursos naturales y poner a trabajar a la población laboral. Para ello será necesario que los libios empleen los activos financieros controlados hasta ahora por el régimen del coronel Gadafi.
Pero el conflicto se ha estancado y la estrategia adoptada, de castigar a las fuerzas de Gadafi sólo desde el aire, está agotando su curso. Se agotan también el armamento y las municiones. El secretario de Defensa de Estados Unidos y el secretario del Foreign Office, Gates y Hague respectivamente, junto con el secretario general de la OTAN, reclamaron este miércoles en Bruselas un incremento de ataques sobre objetivos libios, que. Hasta primeros de junio se habían producido 10.000 salidas y ahora se produce una media de 50 al día. Los ministros pidieron expresamente a una serie de países renuentes que incrementasen su contribución. Lo que no pongan los que hasta ahora han puesto muy poco obligarán a los otros, sobre todo Francia y Gran Bretaña, a retirar aviones, helicópteros, drones, etc., de Afganistán para llevarlos a Libia. España, sin embargo, no se da por aludida: se contenta con contribuir a la coalición aliada con unos cuantos vuelos de control sobre una aviación enemiga que ni está ni se la espera porque ya no existe.
Fue muy clara y terminante la respuesta dada por “una fuente oficial española”, después de la reunión del miércoles, a la molesta pregunta de si España iba a aumentar su contribución al esfuerzo común: “Nosotros ofrecimos lo que ofrecimos para hacer lo que hacemos: proteger la zona de exclusión aérea y el embargo, y se nos aceptó”. No obstante, la misión de nuestras fuerzas armadas en las costas libias se prolongará seguramente durante 90 días más, si la ministra de Defensa obtiene del gobierno, hoy viernes, la venia para hacerlo. En realidad, no creo que nadie vea la necesidad de seguir haciendo algo que desde hace varias semanas ha dejado de tener sentido. Porque lo que ahora tiene sentido es acelerar lo que se ha dado en llamar el “end game” de Gadafi, para evitar más muertes y destrucción. Pero para eso España no va a estar.
Otros agentes del sistema internacional no se muestran tan flemáticos como los españoles. Las naciones árabes occidentales y la secretaria de Estado Clinton y otros ministros europeos se reunieron ayer jueves en los Emiratos Árabes Unidos para preparar el periodo post-Gadafi. Por lo menos en eso España hizo una contribución novedosa (eso sí, le va a costar poco), al reconocer la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, con ocasión de una visita a Bengazi, al Consejo Nacional de Transición como “el representante legítimo del pueblo libio”. ¿Quiere esto decir que España ya no reconoce al gobierno del coronel Gadafi y se propone expulsar a su embajador en Madrid? ¿Desliz diplomático o ambigüedad verbal? Veremos.
Al coronel Gadafi y a su familia se le han ofrecido todo tipo de alternativas a su inaceptable continuación en el poder: un alto el fuego, negociaciones para un proceso de transición a elecciones libres, una salida hacia un país africano y la consiguiente inmunidad, etc. Todas y cada una las ha rechazado, prometiendo morir en Libia. Ello quiere decir, muy probablemente, que si una bomba no le alcanza en algunos de sus refugios, habrá que echar pie a tierra para localizarle. Cuanto antes se haga, antes pasaremos los libios y nosotros a otra cosa. Sin embargo, las posibilidades de que Gadafi acabara aceptando una salida negociada se han reducido desde que en mayo pasado terció la Corte Penal Internacional, por iniciativa de su fiscal general, Luis Moreno-Ocampo, al pedir a los jueces una orden de detención contra Gadafi, su hijo Saif al Islam y el jefe de los servicios secretos. Después Moreno-Ocampo añadió la acusación de incitar a los soldados a violar las mujeres de los rebeldes. Es claro que cuanto más se avance por este camino judicial, menos se podrá maniobrar para un arreglo de última hora con Gadafi que ahorre vidas y caudal a una parte y otra.
El gobierno español rehuye enfrentarse a las implicaciones de todos estos azares, cada uno de los cuales entraña, como es natural, riesgos. Sobre todo para el propio gobierno del partido socialista, con unas perspectivas electorales de lo más oscuro. Los otros aliados de la coalición le instan a que emplee unos medios materiales y tácticos, propios de una ofensiva militar, pero el gobierno es consciente de que su uso erosionaría el conocido mito de “nosotros hacemos la paz y no la guerra”, que es el slogan de marca del partido socialista para toda conflictividad internacional.
Lo irónico del “impasse” en que nos encontramos es que cuanto más dure más se deteriorará la situación social, económica y política de Libia, incrementando su inestabilidad, lo que a su vez requerirá más recursos de los aliados y de la población para sortear los peligros de la transición, entre los que podemos citar las luchas intestinas y tribales, la interferencia de fuerzas antioccidentales como los Hermanos Musulmanes de Egipto, o, en el peor de los casos, Al-Qaida y cualquier otra yihad. Es sabido que Libia oriental ha sido un invernadero de seguidores de Ben Laden, como Abu Yahya al-Libi y Jamal Ibrahim Shtawi al-Misrati, quienes han aparecido en un reciente video de Al-Qaida incitando a ataques individuales contra los occidentales.
Ni la OTAN ni la Unión Europea, ni los países del sur del Mediterráneo pueden mostrarse neutrales o tibios ante lo que suceda a Libia. Lo reconozcamos o no, ese país, como el resto del norte de África Occidental, está en la esfera de influencia de Europa, y Europa está obligada, si sus gobiernos han de servir los intereses de sus naciones, a tratar de conformar por todos los medios posibles, que sean consistentes con el derecho internacional, la evolución de los acontecimientos. Aunque los países europeos acaben por retirarse militarmente de Libia una vez cumplida su misión, lo que no pueden hacer es retirarse estratégicamente. Al final cada uno acabará contando con tantos activos estratégicos en relación con cualquier país, según cuántos activos militares haya puesto en el intento.
Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales.
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