LA DEFENSA EUROPEA, EN UNA ENCRUCIJADA MILITAR Y TECNOLÓGICA

Publicdo el 7 de julio de 2011

España anuncia rebajas en su esfuerzo militar



Antonio Sánchez-Gijón.- La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), instituida por el tratado de Lisboa, no ha pasado la prueba de Libia, y aún está por estrenarse en una crisis militar mayor. Libia era un caso que ni pintado para que la Unión Europea hubiera estrenado su PCSD. Ese país se encuentra en su área de interés: la ribera sur de Europa; desde Libia se han lanzado ataques terroristas y militares contra territorio europeo; el coronel Gadafi había iniciado en el pasado programas de armas de destrucción masiva; una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas avalaba la intervención por razones de protección de la población. Nada de lo que ocurriera en Libia podía ser indiferente a la Unión. Sin embargo, la Unión se contentó con aprobar el pasado 1 de abril una misión de apoyo a la ayuda humanitaria, que en su aspecto militar tuvo que ser encomendada a la OTAN.

Entonces, ¿qué diablos es la PCSD que no se ocupa ni de S ni de D cuando las tiene delante de sus narices? El tratado de Lisboa la define como “parte integral de la Política Exterior y de Seguridad Común, cuya misión es dotar a la Unión de capacidad operativa mediante el recurso a sus activos civiles y militares”. ¿Pero dónde se hallan esos activos civiles y militares? Lo dice más adelante: “la realización de esas tareas se llevará a cabo utilizando las capacidades suministradas por los Estados Miembros de acuerdo con el principio de un único conjunto de fuerzas”.

Pronto quedó claro que Libia no iba a ser una operación de la Unión. El país más rico y poblado de la Unión, Alemania, se abstuvo en la votación de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad, que autorizaba una zona de exclusión aérea y marítima sobre Libia. Una vez la Unión tuvo la resolución en sus manos, se formó una coalición bajo el liderazgo de una potencia extraeuropea, los Estados Unidos, y Alemania rechazó unirse a ella. Pronto se formó un liderazgo europeo informal entre el Reino Unido y Francia para intervenir militarmente, pero tuvieron que ser los Estados Unidos los que proporcionaran las capacidades militares “de apertura” (sus sistema de mando y control sobre los espacios aéreo y marítimo de Libia y sus centenares de misiles aerotransportados para las salvas iniciales).

Sin embargo, el Tratado de la Unión Europea, al que el Tratado de Lisboa se remite, dice que “la política común de seguridad y defensa de la Unión no prejuzga el carácter específico de la política de seguridad y defensa de ciertos Estados Miembros”. Es decir, que son los estados los que tienen entera libertad para determinar el cómo, cuánto, cuándo y dónde de su aportación a la PCSD, pero la Unión, como tal, no podrá hacer nada por sí. Lo que los estados den, se agrupará bajo lo que el tratado llama “cooperación estructurada permanente”, que se consagra específicamente a la formación de fuerzas multinacionales, armonización de los programas de armamentos, formación de unidades de combate para misiones específicas, etc. Su órgano central es la Agencia Europea de Defensa, de la que más tarde diremos algo.

Si las capacidades militares de la Unión como tal son una “unknown quantity” por falta de uso, no ocurre lo mismo con el agregado de las capacidades militares de los países europeos medidas en términos financieros, ya que éstas alcanzan el 60% de las de Estados Unidos, y rebasan a las fuerzas de este país en 500.000 efectivos humanos. Anand Menon, en el último número de “Survival”, la revista bimensual del International Institute For Strategic Studies, aporta una serie de datos abrumadores que ponen de relieve la incoherencia de la proclamada política europea y de los sucesivos compromisos nacionales de contribución a la PCSD. Sólo tres países de la Unión (Reino Unido, Irlanda y Finlandia), han cumplido su compromiso de mantener el 8% de sus fuerzas en condiciones de conducir operaciones exteriores. También sufren de una sobrecapacidad en sistemas de armas del pasado: los europeos tienen 10.000 tanques y 2.500 aviones de combate. Sin embargo, falta que Europa suministre el número de instructores del ejército afgano a que se había comprometido.



Proteger la tecnología y la industria militar



Lo único verdaderamente activo de la PCSD es la Agencia Europea de Defensa (AED), al menos mientras los estados europeos no se decidan a dar el paso hacia la integración operativa de sus fuerzas armadas, más allá de las unidades conjuntas ya establecidas en el papel. La agencia trata de coordinar y armonizar los mecanismos de procuración de los sistemas de armas, homogeneizar sus características operativas y proponer directrices para la adquisición de armamentos. Tiene en marcha algunos proyectos importantes, como el de disponibilidad de helicópteros, la Flota Europea de Transporte Aéreo, y la inclusión de sistemas aéreos no tripulados en el inventario de las fuerzas armadas europeas. La agencia tiene en marcha cuatro programas permanentes sobre estimación y desarrollo de las capacidades, investigación y tecnología de la defensa, la cooperación en armamentos y el desarrollo de la base industrial y tecnológica de la defensa. El autor mencionado anteriormente se muestra bastante escéptico respecto de la capacidad de la AED para siquiera cumplir esta misión de coordinación y estimulación, ya que su junta de gobierno está formada por los 27 ministros de Defensa de los países de la Unión, cada uno de ellos con sus compromisos caseros en cuanto a intereses corporativos de las fuerzas armadas, los de sus industrias militares, etc.

Con todo, el papel de la AED puede ser muy útil para estimular el crecimiento conjunto de las capacidades europeas en un sistema de armas particular que va afirmando por doquier (Afganistán, Pakistán, Yemen, Libia, etc.) su preponderancia en los cálculos tácticos y estratégicos de los jefes militares: me refiero a los vehículos no tripulados de combate. Aunque los tres ejércitos (tierra, mar, aire) se ven concernidos por ellos, es la fuerza aérea la que más va a sentir su irrupción.

En efecto, los vigentes planes europeos de construcción de aviones de combate (Typhoon, Rafale, Gripen) se habrán consumado en 10 a 15 años, y ya es cuestión urgente decidir qué nueva generación de modelos los van a sustituir. Aquí se presenta la disyuntiva: tripulados/no tripulados, o en qué proporción.

Mientras hay países que no están dispuestos a perder el capital tecnológico y económico de sus industrias de armamento, parece que es precisamente ahí donde España va a reducir sus presupuestos de defensa, según se deduce de lo dicho por el secretario de Estado, Constantino Méndez Martínez, quien es citado en el “Military Balance 2011”, del IISS: “después de anunciar recortes al presupuesto de defensa español, (anunció) que las fuerzas armadas tendrán dificultades en invertir en nuevos sistemas si mantiene la misma estructura de fuerzas” Y añadió textualmente: “La industria tiene que ser consciente de que el ciclo de modernización se ha acabado y pasará mucho tiempo antes de que se puedan considerar de nuevo inversiones de la misma escala”. Para acabar de ilustrar la política de defensa del actual gobierno, podemos ir a la parte estadística del “Balance”, en que se señala el decrecimiento de los presupuestos españoles de defensa: en 2009 el gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero asignó 7.840 millones de euros a esta función, en 2010 habían sido 7.690 millones y en 2011, 7.150 millones.

Aunque es verdad que los presupuestos de defensa de los países europeos más grandes también están en vías de reducción, no parece que sean muchos los que se resignen a perder o debilitar sus conquistas industriales y tecnológicas. En esto, al menos, España no se acerca al corazón de Europa, como nos advierte el Sr. Méndez Martínez.